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LA XUNTA DENUNCIA UN BLOQUEO POLÍTICO A GALICIA PARA QUE NUESTRA COMUNIDAD NO MEJORE SU AUTOGOBIERNO

No Estatuto, no party

En una comparecencia en la Cámara Gallega para explicar el alcance de la última comisión bilateral celebrada entre la Xunta y el Estado, el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda hizo un balance pésimo. Bloqueo del ejecutivo central al traspaso de competencias pendientes, que se niegan a Galicia, pero no a otras comunidades como Cataluña o Andalucía. La oposición reclama una solución que pase por reformar el Estatuto Autonómico.

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Redacción Santiago - 09-02-10

Alfonso Rueda, conselleiro de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, mantiene la tésis del trato desigual y discriminatorio que el gobierno central dispensa a Galicia.

Tras la última Comisión Bilateral Xunta-Estado no se ha sacado nada en claro; continúan pendientes de traspaso competencias otrora comprometidas, como Tráfico, Inspección de Trabajo, Bibliotecas, Museos y Archivos. Además, las que reclama ahora la administración gallega no reciben contestación por parte del ejecutivo estatal; o la contestación es que no se pueden llevar a cabo si no hay reforma del Estatuto Gallego.

No obstante, Rueda reconoce negociaciones abiertas en la titularidad de las autopistas AP-9 y AG-53. No así se encuentran otras competencias como el dominio público hidráulico, la ordenación del litoral o el sector pesquero o la meteorología.

El titular autonómico ha explicado hoy que el gobierno mantiene un bloqueo político a Galicia, mientras que la oposición reclama soluciones y que esas pasen por un nuevo marco estatutario.

El nacionalista Anxo Quintana exige soluciones y que el gobierno gallego deje de lamentarse, mientras que el socialista José Luis Méndez Romeu pide que la reforma del Estatuto se lleve a cabo en el seno del parlamento.

Alfonso Rueda sostiene que esa reforma se llevará a cabo, no obstante, los requerimientos de la Xunta pueden ser atendidos y tienen perfecta cobertura legal en el marco actual de la constitución, en base al artículo 150.2.

Por lo tanto exigirá su cumplimiento al gabinete de Zapatero.

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